A raíz del asesinato de Joaquín Paredes por parte de la Policía, el gobierno de la provincia estableció un «Protocolo de Actuación Policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza en la Provincia de Córdoba» que ratifica que el uso de arma de fuego es una excepción total que solo media si se encuentra en riesgo la vida del miembro de la policía o de terceros.
En este sentido, la normativa prohíbe el accionar del arma de fuego cuando lo que está riesgo es un bien material. También prohíbe que se formulen disparos a un auto en movimiento o para disuadir.
«Conductas tan habituales o enraizadas lamentablemente en el servicio policial» afirmó el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera «Eso no volverá a ocurrir».
Por otro lado, el ministro expresó que este protocolo será ley y que aquellos superiores que no estén a la altura de la circunstancia deberán abandonar sus cargos.
A su vez, resaltó que las medidas para hacer cumplir la cuarentena pueden haber provocado algunos aspectos colaterales indeseados pero que siempre debe estar por adelante el respeto a los derechos humanos.
El protocolo también planea reducir el uso de arma de fuego por parte de las fuerzas policiales en horarios no laborales. Además, establece el control disciplinario y capacitaciones constantes.